En mayo de 2020, el Gobierno español anuncia el fin del confinamiento que había decretado durante la pandemia del Covid. La izquierda radical catalana organizó en diferentes ciudades diversas acciones dentro de la campaña “la vida antes que el capital”. Sus reivindicaciones ponían el foco en el derecho a la vivienda, en la represión y el control social y en la exigencia de medidas sociales ante la situación excepcional que se estaba viviendo. Un joven que se hacía llamar Marc, recién llegado desde Mallorca, apareció por una concentración en Barcelona convocada el 2 de junio de aquel mismo año por diferentes colectivos anticapitalistas. A partir de entonces, empezaría a acercarse a los distintos grupos implicados en aquellas acciones y en el tejido asociativo de la ciudad, y a relacionarse con los activistas, la mayoría de ellos jóvenes en edad universitaria.
Su nombre real era Ignacio José Enseñat Guerra, y no era, como decía, un estudiante de la carrera de Educación, sino un agente encubierto de la Policía Nacional española. Su identidad real fue desvelada dos años después por el periódico catalán Directa, tras una intensa investigación periodística que destapó el primero de varios casos de policías infiltrados en organizaciones de la izquierda radical durante estos últimos años. El policía había estado dos años militando en grupos de estudiantes de la izquierda independentista, en colectivos de barrio por el derecho a la vivienda y en un sindicato de estudiantes de izquierdas de la Universidad de Barcelona, donde también se había matriculado con la identidad falsa de Marc Hernàndez Pon.
Tras graduarse en criminología en 2014, Enseñat había ingresado en la academia de policía en abril de 2016, y fue nombrado funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía en 2019. Pocos meses después empezaría a crear su personaje en redes sociales, usando ya la identidad falsa que mantendría durante el tiempo en el que estuvo infiltrado en la izquierda catalana. Inmediatamente aterrizó en Barcelona y tuvo claro a qué convocatorias y organizaciones dirigirse. A lo largo de los dos años que estuvo infiltrado en varias organizaciones de la izquierda anticapitalista e independentista, participó en numerosas asambleas y acciones de protesta. Su piso alquilado, en el barrio viejo de Barcelona, sirvió en más de una ocasión como lugar de reunión para otros activistas.
Relaciones Sexoafectivas Como Engaño
Varios meses después, en enero de 2023, de nuevo el periódico Directa publicaba una nueva información sobre otro agente de policía infiltrado. Se trataba de un hombre que llegó también a Barcelona durante la misma época que el anterior policía infiltrado, pero siendo algo más mayor, con 31 años. Lo hizo a través del gimnasio popular de La Cinétika, un espacio anticapitalista autogestionado del barrio de Sant Andreu. Se hacía llamar Daniel Hernàndez Pons, usando los mismos apellidos que el joven infiltrado a la vez en otros espacios de la izquierda radical de Barcelona. Y también decía venir de Palma de Mallorca. Su nombre real era Daniel Hermoso Pérez, y había ingresado en la escuela de policía en 2017 y graduado dos años después, en 2019. Empezó a infiltrarse en los movimientos de izquierdas al mismo tiempo que “Marc”, pero focalizado en espacios más relacionados con el anarquismo y contra la represión.
El caso de Daniel tuvo un gran impacto mediático en España cuando la Directa lo publicó, ya que su exposición fue acompañada por la denuncia de varias activistas por haber instrumentalizado las relaciones sexoafectivas con ellas para obtener información y ganarse su confianza para acceder a diferentes espacios. Ocho mujeres presentaron poco después una denuncia ante los juzgados acusándole de tortura, de descubrimiento y revelación de secretos, de malos tratos policiales con componente sexual y de, según sus abogadas, “no respetar los derechos a la intimidad, la vida privada, la libertad de asociación y reunión o la libertad de expresión de las afectadas; ni tampoco los de las personas de su entorno”.
Existe un precedente sobre un caso similar en Reino Unido, donde se desveló que desde el año 1968, al menos 139 agentes británicos usaron identidades falsas, algunas de niños muertos, para infiltrarse en distintos movimientos políticos. En muchas de estas operaciones, todas autorizadas por Scotland Yard, los agentes también utilizaron las relaciones sexoafectivas para obtener información o para acceder a distintos grupos, llegando incluso, varios de ellos, a tener hijos con sus víctimas.
El caso que sufrió Kate Wilson, una activista ecologista que mantuvo una relación de casi una década con el policía encubierto Mark Kennedy, entre 2001 y 2010, llegó a los tribunales, y fue el referente que las activistas catalanas usaron para exigir responsabilidades al Estado español. En aquél caso, el Tribunal de Poderes de Investigación, que investiga abusos cometidos por organismos públicos británicos, condenó al policía junto a Scotland Yard y al Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC) a pagar 229.000 libras a Wilson. Sin embargo, en el caso español, en octubre de 2023 el juez desestimó la querella de las ocho activistas catalanas.
La Madre de la Espía
En julio de 2023, Directa destapó al tercer policía infiltrado en Cataluña. Esta vez se trataba de una mujer, Maria Isern Torres, de unos 30 años, y formaba parte de la 33a promoción del Cuerpo Nacional de la Policía española. Había coincidido en la escuela de policía de Ávila con los otros dos agentes descubiertos (Marc y Dani) entre 2017 y 2018. Maria, que ya había cursado un grado de criminología en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona entre 2012 y 2015, se matriculó ahora en el grado de Educación Social en la Universidad de Girona con su documentación falsa proporcionada por el Ministerio del Interior español, al igual que sus compañeros. Y como ellos, empezaría su acercamiento a los movimientos sociales en junio de 2020. En su caso, a través de la convocatoria ‘Tancada pels Drets’ (Cierre por Derechos), una acción reivindicativa en la universidad en favor de las personas migrantes y de los menores migrantes que llegan solos, no acompañados por adultos, y que están en grave situación de vulnerabilidad.
Maria había tenido acceso a múltiples asambleas y espacios políticos de Girona, algunas incluso con abogados, y que estaban dedicadas a preparar estrategias antirrepresivas y de defensa legal ante los casos en los que estaban inmersos diversos activistas. La policía infiltrada convivió durante un año con su víctima en el mismo piso, un conocido activista independentista y antifascista de la ciudad, encausado en un proceso judicial, y a quien engañó fingiendo que tenían una relación de pareja. Llegó incluso a pasar un fin de semana con su familia en Palma de Mallorca, de donde decía que era originaria, como los anteriores agentes descubiertos. Allí, Maria contó con la complicidad de su madre, que los acogió en su domicilio real e interpretó el papel correspondiente, sabiendo el trabajo de infiltración que estaba haciendo su hija. Esto provocó que, una vez descubierto el caso, activistas respondiesen publicando la verdadera identidad de la madre y del hermano de la policía infiltrada, también agente de policía en las Islas Baleares, y activista habitual de las convocatorias de la extrema derecha.
Se Descubren Más Casos en València y Madrid
El Estado invirtió un gran esfuerzo político, judicial y policial para reprimir al movimiento independentista, algo que no se paró tras el referéndum de 2017, y ni siquiera ahora, que todavía existen varias causas abiertas contra activistas independentistas, algunos de ellos acusados de terrorismo. Además, Cataluña siempre ha sido un territorio con una extensa red de movimientos sociales de la izquierda radical. No era casual que, ante este contexto, la policía española invirtiese un especial esfuerzo allí, llevando a cabo todas estas infiltraciones descubiertas hasta ahora.
Sin embargo, no ha sido solo en Cataluña donde se han descubierto policías infiltrados estos últimos años. Fue de nuevo el periódico Directa el que destapó, en febrero de 2023, la existencia de otro agente encubierto en el entorno de la izquierda radical y los movimientos vecinales contra la especulación inmobiliaria, esta vez en València. El agente Ramón Muñoz Hernández estuvo implicado en un en varias campañas en el barrio de Benimaclet, conocido por la presencia de un gran tejido asociativo muy vinculado a la izquierda. Se integró en algunas asambleas del barrio que preparaban acciones contra un plan urbanístico que pretendía acabar con un terreno de huertos urbanos y en un centro social okupado. También intentó entrar en el colectivo antifascista de la ciudad, y aunque llegó a participar en una protesta, no consiguió llegar más allá debido a la desconfianza que generó en varias personas con las que trató de entablar amistad.
Al igual que el resto de los policías descubiertos en Cataluña, Muñoz formaba parte de la misma operación de Estado para infiltrarse en los grupos de izquierdas. Pero la estrategia de infiltración policial en grupos de izquierdas viene de lejos, y se extiende por toda España. El periódico El Salto descubría también en 2023 las identidades de otros dos agentes de policía que se habían hecho pasar por activistas durante años, y que habían estado implicados en varios movimientos sociales. El primero de ellos fue el caso de Mavi, una agente de policía que empezó su labor de infiltración en 2022, unos años más tarde que los anteriores casos descubiertos en València y en Catalunya. Tras acercarse a un centro social del barrio madrileño de Hortaleza, el Centro Social Okupado La Animosa, inmediatamente empezó a entrenar en su gimnasio popular, donde se ofrecen clases y entrenamientos gratuitos de artes marciales. Pero pronto levantaría sospechas.
Mavi también se había acercado a los colectivos ecologistas Extintion Rebelion y Futuro Vegetal, que empezaban a realizar acciones pacíficas con cierta repercusión mediática. Allí mantuvo un perfil bajo, pero también estableció relaciones sexoafectivas con algunos de los activistas como estrategia para ganarse su confianza y acceder a más espacios. Sin embargo, su falta de formación política, su conocimiento de las artes marciales y varias lagunas y contradicciones en su personaje provocaron que los activistas activaran un protocolo para determinar si se trataba de una agente infiltrada, algo que, junto con los periodistas de El Salto, pudieron acreditar al poco tiempo mediante una investigación propia.
Unos meses después, en septiembre de 2023, El Salto descubriría a un nuevo agente infiltrado en Madrid. Se hacía llamar Sergio Botana, y llevaba desde 2015 infiltrado en los movimientos sociales de la capital, pocos meses después de graduarse en la academia de policía. Empezó frecuentando un banco de alimentos en el barrio de Moratalaz para acercarse a los colectivos del barrio, especialmente a Distrito14, con quienes llegó a participar en acciones de desobediencia civil. Sergio llegó incluso a desplazarse a Barcelona en 2017 para participar en la defensa del referéndum por la independencia de Catalunya. Posteriormente, tras abandonar poco a poco su vinculación con Distrito14, empezó a integrarse en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR), muy activo tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. El policía, cuyo verdadero nombre es Sergio Gigirey Amado, participó en sus asambleas y llegó a establecer también relaciones sexoafectivas con algunas de sus integrantes, así como relaciones de amistad con jóvenes activistas que explicaron el caso ante los medios de comunicación.
En 2024 seguirían destapándose nuevos casos de infiltración en Madrid. Maria Peres, otra agente de la Policía Nacional, según desveló Eldiario.es, estuvo infiltrada entre mayo de 2020 y otoño de 2023 en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR Madrid) y en Distrito 104, un colectivo del barrio de Aluche. Sus antiguos compañeros la sitúan en varias acciones de protesta, y en varios espacios sociales de la ciudad, pero su escasa formación política, su predisposición a participar en todo y su conocimiento de artes marciales hicieron saltar algunas alarmas.
El último policía infiltrado descubierto fue Juancar, también en Madrid, expuesto por el periódico El Salto en mayo de 2024. Su primer contacto con movimientos sociales fue a través de una escuela de artes marciales en el barrio de Vallecas en 2020, y posteriormente en el colectivo Distrito14 del barrio de Moratalaz, igual que el otro agente descubierto, Sergio Gigirey. Tras una falsa identidad de estudiante, Juancar estuvo dos años frecuentando ambientes de izquierdas de Madrid y participando en algunas acciones reivindicativas, hasta que sospechó que había sido descubierto. Cuando se publicó este último reportaje, Juancar amenazó a una de las personas a las que había engañado, advirtiendo, además, su ideología de extrema derecha: “sigo siendo ultra”, le escribió por Instagram. Y acabó amenazando a este militante: “tú procura que no te encuentre”.
La Socialdemocracia Contra los Movimientos Sociales
Las infiltraciones policiales descubiertas estos últimos años y retratadas en este reportaje suceden durante el gobierno socialdemócrata de coalición entre el Partido Socialista (PSOE) y Podemos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (PSOE), sigue hoy en el cargo, y no solo ha defendido públicamente la labor de estos policías y la necesidad de usar estos medios para controlar a los grupos de izquierdas “para prevenir la delincuencia”.
Marlaska fue duramente criticado durante sus años en los que ejercía como juez por no investigar las torturas que varios presos denunciaban tras sus detenciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en varias ocasiones por estos hechos, siendo él el juez responsable. También durante su mandato en el anterior gobierno de coalición, respaldó a los agentes de la Guardia Civil involucrados en la muerte de varios migrantes en la frontera de Melilla con Marruecos, y defendió las expulsiones de menores migrantes a Marruecos sin ningún proceso judicial ni atención previa.
En ningún caso, los colectivos y las personas que han sido objeto de estas infiltraciones y de este espionaje, han sido imputados de ningún acto violento ni pesa sobre ellos ninguna acusación grave que pudiese haber motivado una operación policial de esta magnitud. La investigación policial en estos casos es estrictamente por cuestiones ideológicas.
Las herramientas de la política llamada antiterrorista y del espionaje de los estados a sus propios ciudadanos por sus ideas políticas no son propias únicamente de lo que los estados autodenominados democráticos consideran dictaduras. Estas ‘democracias’ usan las mismas herramientas de control y de castigo de la disidencia, algunas veces de manera institucionalizada y otras actuando al margen de sus propias leyes sin prácticamente consecuencias. Las torturas físicas y psicológicas han sido usadas de manera reiterada tanto en España como en otros países occidentales como herramientas de disciplinamiento de la disidencia, y muy raras veces tienen consecuencias penales para sus perpetradores.
